Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de objetivos aprobados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, y fijados como parte de la nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de los objetivos contiene diferentes metas específicas a lograr en cada una de las áreas correspondientes y necesarias para producir un cambio a escala global. Si bien es cierto que, y tal y como se especifica en la “Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización”, se han cumplido grandes avances y alcanzado diferentes metas: “la tasa de pobreza extrema se ha reducido a la mitad y continúa disminuyendo; más niños que nunca asisten a la escuela primaria; la mortalidad infantil ha disminuido drásticamente; alrededor de 2.600 millones de personas tienen ahora acceso a mejores fuentes de agua potable; las inversiones específicas para luchar contra la malaria, el VIH/SIDA y la tuberculosis han salvado millones de vidas; la aplicación de políticas nacionales coherentes y armonizadas con los acuerdos mundiales ha dado lugar a progresos en la lucha contra las enfermedades no transmisibles y las enfermedades agudas.” (Nations, 2015), también se deja clara la existencia de “importantes lagunas” en lo que respecta a la situación de la mujer, como la salud materna y reproductiva o el logro de la igualdad de género, pero especificándose de forma clara que “la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son condiciones previas para superar la pobreza, el hambre y las enfermedades, pero el avance en la consecución del tercer Objetivo ha sido lento en muchos frentes” (Nations, 2015).
En total, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y una suma de 169 metas conforman el conjunto de los cambios que las Naciones Unidas espera llevar a cabo para un desarrollo sostenible de las naciones en un plazo de 15 años. Un plazo, para muchos, escaso, si bien se tiene en cuenta que ya han pasado 5 y hay objetivos en los que queda mucho trabajo por hacer de momento, a pesar de que se especifique que “la aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015 exigirá el esfuerzo renovado de todos los gobiernos para fortalecer las instituciones públicas y aumentar su capacidad de respuesta y rendición de cuentas a fin de satisfacer la creciente demanda de servicios” (Nations, 2015). Uno de estos objetivos es el número 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. Es en las primeras líneas del texto sobre este objetivo donde ya nos podemos encontrar con la siguiente argumentación: “La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.”. Para ello, se establecen metas como las de poner fin a la discriminación de las mujeres, eliminar toda forma de violencia contra ellas y asegurar la participación de las mujeres en oportunidades de liderazgo tanto de nivel político como económico y social. 8 metas que culminan con una meta final: “Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los niveles”. Una última meta con mucha apariencia de necesitar ser la primera de todas en aplicar, con el objetivo de conseguir de manera rápida y efectiva los cambios necesarios: este tipo de metas de ámbito social necesitan ser reguladas de forma legislativa desde sus comienzos para así conseguir promover un cambio “a pie de calle”, algo que, de otra manera, podría llegar a ser imposible o alargarse demasiado en el tiempo si se trata de que la sociedad produzca un cambio “por sí misma”. Más aún hablando de situaciones de injusticia social que, a base de repetirse durante tanto tiempo en nuestra sociedad, se ha convertido en una forma de discriminación sistemática y estructural, completamente arraigada en ella.
Sin embargo, una de las grandes lagunas que tiene este Objetivo de Desarrollo Sostenible es el de no querer mojarse en cuanto unas de las mujeres más discriminadas en nuestra sociedad a día de hoy: las mujeres trans. Mujeres que, en pleno año 2020, siguen estando en paro más del 80% debido a la exclusión laboral que sufren, siendo, en gran medida, avocadas a la prostitución como única forma de supervivencia. Además de esta exclusión social y laboral, y según el estudio “Características Sociodemográficas y Ajuste Psicológico entre transexuales en España”, alrededor del 82% de las personas trans ha sufrido algún tipo de agresión física a lo largo de su vida, habiendo sido el 31% discriminados en el trabajo y provocando intentos de suicidio en un 23%. A nivel europeo estos datos parecen mejorar ligeramente en los últimos años: Según datos de la Fundamental Right Agency, el 54% de las personas transexuales admite haber sido discriminada alguna vez; el 62% reconoce que el motivo del acoso sufrido siempre coincide con ser personas trans. También el estudio a nivel de la Unión Europea, llamado “Discrimination in European Union” confirmaba que, en nuestro país, “son las personas trans las más discriminadas”, con un 62% de las denuncias de agresiones, acoso y discriminación totales en España.
Con datos tan escalofriantes, se puede llegar a entender que la edad media del colectivo trans ahora mismo se encuentre en torno a los 26 años. Datos, a su vez, tratados siempre por la sociedad, sobre todo los medios de comunicación, con un paternalismo extremo derivado del cis-hetero patriarcado totalitario, sin hacer absolutamente nada al respecto. Es debido a ello que el colectivo trans a nivel mundial se encuentra desde hace muchos años luchando por una legislación que les proteja y ayude a sobrevivir en una sociedad que les es, a día de hoy, tan hostil. Haciendo solamente 30 años, el 17 de mayo de 1990, que la OMS sacara al colectivo LGTBIQ+ de su lista de enfermedades mentales, en nuestro país nos hemos encontrado hace tan solo unos meses una nueva polémica derivada de la “Ley Trans” propuesta por Podemos. Basada en varios de sus puntos en la proposición de ley que presentó ya la formación morada en 2018, fruto de un trabajo de más de cinco años con la Plataforma Trans, asociaciones y familias, el que ni siquiera es todavía un texto definitivo de la posible nueva ley no ha estado exenta de polémica desde sus inicios. Polémicas que surgieron incluso dentro del PSOE, después de que en julio el partido hiciera público un documento de la Secretaría de Igualdad, dirigido por Carmen Calvo, donde se criticaba la “Ley Trans” debido a que, supuestamente, desdibujan a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista”. Algo que Irene Montero y María Jesús Montero han negado rotundamente, alegando que la ley simplemente corregiría una “deuda histórica” con el colectivo debido a la vulneración de sus derechos y sus tan altos datos de discriminación y marginación social. Es por ello que el pasado 30 de octubre se abrió una consulta pública hasta el 18 de noviembre, con el objetivo de saber la opinión de la ciudadanía sobre este tema, recordando en el propio documento que según la propia jurisprudencia del Constitucional, el artículo 14 de la Constitución se encarga de garantizar la no discriminación a las personas transexuales, así como el artículo 9 habla sobre el deber de los poderes públicos eliminar todo tipo de obstáculos para que dicha igualdad e integración pueda llevarse a cabo.
Entre los puntos más polémicos del texto provisional de la posible “Ley Trans” se encuentran la eliminación el diagnóstico médico o psicológico de disforia de género y un tiempo de hormonación mínimo de dos años para poder comenzar los procesos de cambio de sexo y nombre en el registro civil y el no exigir a los menores de edad el consentimiento de los progenitores para comenzar un proceso médico de hormonación y de cambio de identidad de género en el registro. Algo que ha producido respuestas como la de Lola Venegas, portavoz de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, a RTVE.es: “Ir al registro y declararme mujer” sin haber pasado un proceso de cambio corporal “no es un derecho”, pues, bajo su punto de vista, “ser mujer no es un sentimiento en la mente de un hombre, pues entonces cualquier cosa puede ser considerada mujer”. Posturas que no parecen contemplar lo “ético” de obligar a una persona a pasar por un duro proceso medicación hormonal, con lo que ello supone, o cambiar su cuerpo aunque no quieran, para poder contar con un género y nombre en su DNI con el cual se identifiquen. O, por otro lado, la situación de los menores que viven las etapas más cruciales de su vida dentro de un estado constante negativo debido a la negación de su identidad por parte de sus progenitores y entorno, tal y como defiende la asociación de familias de menores trans Chrysallis: “Es algo que afecta a lo más esencial de la vida de cualquier. Afecta a la persona en todos los ámbitos de su vida, porque se les niega algo prioritario. Cuando la negativa viene de la familia que debería mostrarle apoyo, respeto y amor, es demoledor.”.
Y es que, España es uno de los países “avanzados” en cuanto a la realidad de las personas trans, o, al menos, sus comunidades autónomas, ya que la legislación varía entre unas y otras en cuanto al tratamiento de la transexualidad en la Seguridad Social, sobre todo a la hora de conseguir un tratamiento hormonal: “En las más avanzadas, sería derivación desde atención primaria hacia el profesional de la endocrinología que tenga designado el sistema de salud correspondiente, como referencia para estas peticiones. En el caso de menores de 16 años sería igual, desde pediatría a endocrinología pediátrica. Pero como decimos, esto no es así en todos los lugares.”. Sin embargo, el sistema de salud español es considerado por muchos como un sistema sanitario “tránsfobo” debido a la patologización de la transexualidad. Daniel G. Abiétar, médico residente de Preventiva y Salud Pública, en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y autor del libro “¿Sólo dos? La medicina ante la ficción política del binarismo sexo-género” sí opina que existan “violencias en el sistema sanitario a las personas trans”: “Lo que no es tolerable es el trato que reciben las personas trans, esa tendencia a binarizarlas, a obligarlas a encasillarse en un género. Es totalmente necesario que el sistema en ese aspecto cambie, que gire en torno a la autonomía de la persona, al consentimiento informado, el respeto de su identidad desde el minuto cero. También, es importante el considerar que la persona estará en un ambiente tránsfobo y es un entorno social que le puede ser hostil y que por ello tendrá necesidades en salud particulares, pues sufrirá más que otras personas, aunque no haya que victimizarlas.”. Además, para Abiétar es claro que el binarismo de género es una ficción dentro del ámbito médico: “A día de hoy, sabemos que no se puede probar médicamente el binarismo de género. El género se vive de maneras muy diversas. Nos identificamos más o menos con los constructos de masculinidad y feminidad y esto varía a lo largo de nuestra vida. Pese a ello, estas escalas de masculinidad-feminidad se siguen utilizando a día de hoy como forma de diagnóstico, aunque sea completamente absurdo, ya que cada sociedad asimila unas características distintas asociadas a los géneros. Varían incluso con la época, el momento histórico. Desde el siglo XVIII, por ejemplo, desde aquella primera obsesión con el sexo, aquellas primeras asignaciones de roles a los constructos de sexo, ha habido ya muchas configuraciones del género, muchas características variadas que se asociaban al género.”
Otro de los temas pendiente de revisión en nuestra sociedad es el de obligar a las personas trans a encasillarse en uno de los dos géneros establecidos como predeterminados, partiendo de la base de que esto son creaciones completamente artificiales nutridas por un momento histórico y social concreto. Tal y como afirma Beth, coordinadora del grupo Trans de COGAM, el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, “las personas que no se encuentran en ninguno de estos dos géneros, como sería el caso de las personas genderfluid son más discriminadas por el desconocimiento. La gente no entiende cómo una persona puede situarse en algo externo a los dos géneros binarios, como sería una persona binaria o de género fluido. Están discriminadas, pero por desconocimiento”. Por ello, la respuesta de COGAM ante la necesidad de una “Ley Trans” es rotunda: “Es urgente legislar sobre este tema. Para ayer ya es tarde. Hace falta una ley específica que regule en todo territorio español la transexualidad. Luego ya es diferente que la regulación varíe de una comunidad autónoma a otra, tal y como ocurre actualmente. Creo que la “Ley Trans” es un muy buen paso para comenzar un cambio en la realidad de las personas trans. Actualmente tenemos la ley 23/2007 de Zapatero, la cual en su momento fue una de las pioneras en el mundo en la regulación de la transexualidad, pero ahora ya es necesario comenzar a regular también otras áreas como la infancia trans, regulación de los delitos de odio, la migración, etc.”
Además de las diferentes asociaciones y colectivos que luchan por esta nueva normativa, también mujeres trans particulares como Yulia Martinov Dzhelyov, estudiante de ciencias políticas y filosofía en la universidad Complutense de Madrid, militante del PCOE y natural de Bulgaria, reclaman la necesidad de esta legislación, pues la interseccionalidad de discriminación que sufren las mujeres trans inmigrantes es mucho mayor: Según la Memoria del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) de 2020, se han reportado de momento, a lo largo de este año, 350 casos de personas trans asesinadas, de las cuales el 98% eran mujeres. “Creo que lo más primordial es despatologizar a las personas trans. Lo que no puede ser es que los trans, por su condición humana y su realidad vivida, contando ya con toda la precarización que tienen detrás, sean tratados como enfermos. Es un paso muy importante, y creo que sería el primero que habría que dar para lograr integrar y dotar de cierto reconocimiento que tendrá efectos positivos en cómo se percibe lo trans en la sociedad en general. Encerrar a los trans bajo el cliché de “locos” no hace más que fomentar la discriminación.”
Ante esta lucha constante por una legislación completamente necesaria, la cual sencillamente regularía y protegería unos derechos que ya se contemplan tanto a nivel europeo como español, pues ya en 2015 el Consejo de Europa instó a la creación de procedimientos rápidos y basados en la en la autodeterminación de género para así poder llevar a cabo los trámites de cambio de nombre y sexo en los registros oficiales, surgen ahora los discursos de las conocidas TERF (Transexual Excluding Radical Feminist), la cuales se posicionan en contra de la posibilidad de la autodeterminación de género, alegando el posible daño que esto pudiera producir al trabajo del feminismo El miedo de muchos círculos feministas es comprensible, porque se parte de una concepción que únicamente entiende el género divorciado de todo atributo físico, del sexo. Se entiende el género como mera opresión, cuando en realidad jamás ha sido así. La división de los seres humanos según el sistema sexo-género no solo es reductible a físico, sino que influyen las actividades desempeñadas y por desempeñar, lo que es psicológico y social. También lo biológico, que no puede prescindir de la multiplicidad de variables. Al fin y al cabo, es una realidad experimentada. Es observable, tangible y condicionante.”, opina Yulia sobre el discurso de aquellas “feministas” que tratan de negar incluso la existencia de la transexualidad y de la infancia trans.
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